El área que circunda El Dorado ha sido albergue de aventureros y mineros durante décadas, y ha provisto el escenario para decenas de miles de individuos que van en busca de aventura y fortuna en el oro.

El área de Las Cristinas fue parcelada como concesiones mineras en 1963, y los títulos de concesión de Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 fueron emitidos en 1964 por un período de 25 años a la Sra. Dot Culver Lemon, cuyo fallecido esposo tuvo el honor de acompañar a Jimmy Ángel en el descubrimiento del salto de agua más alto del mundo; El Salto Ángel, ubicado a 80 millas al oeste de El Dorado.

La Sra. Culver Lemon, residente de los Estados Unidos, no tardó en buscar ayuda y asesoría sobre qué hacer con la propiedad, celebrando una serie de contratos y convenios de arrendamiento que le auguraban grandes riquezas, a través de la explotación de las concesiones mineras. Como no residía en Venezuela ni hablaba castellano, dependía de la asesoría de los expertos y abogados locales, dependencia ésta que la privaría de un ingreso significativo de las minas y que eventualmente le costaría el título minero por un fraude que cometiera uno de sus primeros representantes.

La venta de Las Cristinas a Torres

El 4 de septiembre de 1985, la Sra. Culver Lemon otorga un poder a Jesús Angel Adrianza Morales, un abogado local quien se comprometió a representar sus intereses en la concesión de Las Cristinas.

El 7 de abril de 1986, la Sra. Culver Lemon, desilusionada, revocó este poder en la misma Notaría donde el documento original había sido registrado. El Notario colocó una nota marginal que señalaba la anulación de dicho poder.

El 16 de abril de 1986, poco después de que la Sra. Culver Lemon revocara el poder al Abogado Adrianza Morales, éste realizó una transacción mediante la cual le asignaba los derechos de las concesiones de Las Cristinas 4 y 6 a Ramón Torres. El Sr. Torres, un venezolano, que antes de realizar la transacción adquirió convenientemente una deuda por 250.000,00 Bs. que supuestamente le adeudaba la Sra. Culver Lemon a uno de sus anteriores abogados, por servicios profesionales, un señor de apellido Schmidt

Es así como el Sr. Torres entra en posesión de los documentos que le permitirían registrarse a sí mismo como propietario de Las Cristinas 4 y 6. Estos trámites los hizo en Guasipati, un pueblo situado a 150 km. al norte de El Dorado.

Cuando registró el documento de transferencia de Las Cristinas a Ramón Torres, Morales muy astutamente presentó una copia certificada del poder que lo acreditaba como representante de la Sra. Culver Lemon. Esa supuesta copia certificada fue emitida el 10 de abril de 1986, tres días después de que la Sra. Culver Lemon revocara dicho Poder y hubiese sido anulado por el Notario.

La copia usada en la transacción Morales/Torres no mostraba la nota marginal y daba la impresión de que el poder aún estaba vigente. Allan Brewer Carías se refiere a estos hechos como el inicio de un fraude monumental, en su libro "El Caso de Las Cristinas" (1998).

El 14 de mayo de 1986, Torres emitió un documento transfiriéndole todos sus "derechos" sobre Las Cristinas 4 y 6 a la Inversora Mael, C. A. compañía en la cual él era uno de los directores. Torres presentó este documento en la Oficina de Registro en Guasipati. Así se "arregló" la propiedad de Mael sobre los derechos mineros de Las Cristinas, en 1986.

Anulación legal de las transacciones entre Morales/Torres

El 20 de junio de 1986, la Sra. Culver Lemon falleció. Al no dejar herederos, sus bienes pasaron a manos de un curador quien demandó la anulación de las transacciones suscritas entre Morales/Torres y Torres/Mael. El 6 de febrero de 1991, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Caracas ordena la anulación de la cesión de derechos sobre Las Cristinas de Morales/Torres y Torres/Mael señalando en su decisión:

a. La Sra. Culver Lemon nunca dejó de ser la verdadera y única dueña de las Concesiones Las Cristinas 4 y 6.

b. La transferencia entre Adrianza Morales y Ramón Torres, y entre Torres y Mael son nulas e inválidas.

c. Mael nunca fue dueña de las Concesiones Las Cristinas 4 y 6.

Mael apeló la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia, lo cual condujo a un acuerdo entre la CVG, Torres, Mael y un curador de la herencia yacente en mayo de 1991. Mael y Torres se comprometieron a desistir de sus reclamos sobre las concesiones y no intentar nuevas reclamaciones sobre las mismas.

Mael intenta transferir los títulos de la concesión de Las Cristinas 4 & 6

Luego de registrar la cesión de los títulos en la Oficina del Registro de Guasipati en 1986, Mael exigió la publicación de las cesiones de derechos al Ministerio de Energía y Minas (MEM). Esas publicaciones representan el primer paso en cualquier proceso de transferencia de una concesión minera, y debe realizarse antes de que el MEM pueda iniciar el proceso de evaluación, que determinará si el título puede o debe ser transferido a un nuevo interesado.

Es importante señalar que la publicación de notificación, bajo ningún concepto es igual a la resolución del MEM transfiriendo los títulos de las concesiones. Esta última es el paso final en el procedimiento de cesión y que otorga los títulos al nuevo sujeto. La primera es sólo el anuncio de que alguien ha aplicado por la cesión y que el MEM estaría obligado a evaluar la solicitud. La primera notificación hace del conocimiento público a sucesos de la solicitud de cesión, transferencia solicitada mientras que la resolución es la que completa el proceso.

Nunca hubo ninguna resolución emitida o publicada por el MEM que permitiera confirmar la transferencia de los títulos de Las Cristinas a Mael. Mael solamente solicitó la publicación del aviso de traspaso de los títulos.

El 14 de abril de 1988, el MEM anunció que no publicaría el aviso de traspaso de Torres a Mael, ya que nunca participó del traspaso Culver Lemon / Morales, al MEM.

El 26 de octubre de 1988, Mael interpuso una acción de nulidad contra la decisión del MEM de no publicar el aviso de traspaso a lo cual tuvo una decisión favorable.

El 9 de mayo de 1991, el Tribunal ordenó al MEM la publicación del aviso de traspaso. El fundamento de la Corte fue que la publicación era un derecho de Mael, y que las razones del MEM para no concluir el proceso de traspaso deberían ser aplicadas luego de que el aviso fuera publicado. Esta decisión se basó en la evidencia y documentos que presentaron las partes hasta junio de 1990, luego de lo cual el proceso entró en estado de sentencia y no se registró ninguna otra actuación de las partes interesadas.

MEM revoca los títulos mineros de Las Cristinas

El 7 de febrero de 1989, el MEM publicó una resolución donde revocaba los títulos de concesión pues se había extinguido el término de 25 años. En esa misma resolución el MEM rechazó la solicitud de Mael a que le fueran otorgados los títulos, por cuanto no se habían pagado los impuestos adeudados y por cuanto carecía de cualidad para la solicitud, ello ya que el patrimonio de Culver Lemon poseía la primera opción para cualquier renovación de derechos.

Las concesiones de Las Cristinas regresaron al control del Estado.

Llega la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

La CVG, una corporación del Estado comprometida con el desarrollo de la industria y la minería en la Región Guayana, recibe la autoridad de administrar el área minera donde se localizan Las Cristinas. Los esfuerzos de la CVG de formar una alianza con sus colaboradores para el desarrollo de la región, se vieron frustrados por los manejos de Mael en el proceso de apelación pendiente respecto a la anulación de la asignación a Morales / Torres. El punto no era que Mael tuviera un caso legal, sino que mientras no se completara el proceso de apelación y el Tribunal no dictaminara, el proyecto no podía continuar. Por esta razón, el 9 de mayo de 1991, la CVG suscribe un acuerdo con Torres/ Mael, el curador de la herencia yacente y el MEM, en el cual los interesados acordaron lo siguiente:

1. Mael desiste de cualquier acción legal y se compromete a no intentar nuevas acciones en el futuro relacionadas con las concesiones de Las Cristinas 4 y 6.

2. Mael no tiene nada que reclamar a la herencia yacente de Culver Lemon.

3. Mael reconoce que los títulos de concesión fueron revocados y que no obtendrá ningún beneficio al insistir en la publicación de la notificación de asignación, que fuera ordenada por el Tribunal el 9 de mayo de 1991. También acordó que se abstendría de insistir en dicha publicación.

4. Luego Mael retiró su apelación contra la decisión del Tribunal en 1991 que anulaba los traspaso de Morales/Torres/Mael de 1986. Una vez resuelto el asunto Mael/Torres, la CVG pudo entonces continuar actividades en procura del desarrollo minero de la región.

Entra Minera Las Cristinas C. A. (Minca)

En un proceso de licitación abierta, la CVG otorga un contrato de exploración y desarrollo a Minca, una alianza estratégica entre Placer Dome de Venezuela (70%) y la CVG (30%). Minca es la operadora, con cinco representantes en la Junta Directiva y siendo dos de ellos nombrados por la CVG y según los estatutos corporativos, la CVG poseía poder de veto respecto a cualquier decisión que pudiera afectar la construcción o financiamiento de la mina. Minca contrata la exploración de las concesiones a Placer Dome Explorations. El financiamiento se obtiene por préstamos que tramitara Placer Dome.

Entra Crystallex

A mediados de 1996, Placer Dome dio a conocer que las concesiones de Las Cristinas poseen más de ocho millones de onzas de oro y, posiblemente, puedan alcanzar hasta 20 millones. Vuelve a involucrarse Inversora Mael, y sus accionista buscan quien pueda comprar la compañía. Los activos de la empresa eran la posibilidad de ir contra los derechos de la CVG en Las Cristinas para contratar con Minca.

Mael seleccionó cuidadosamente la documentación que le permitiera hacer ver que era el poseedor de los títulos registrados, y que había una decisión judicial en su favor que ordenaba al MEM a publicar el traspaso. El documento registrado en Guasipati en 1986 y la decisión judicial del 9 de mayo de 1991, que ordenó al MEM a publicar el aviso de traspaso, fue utilizada para hacer ver que el Tribunal había decidido a su favor y le confirmaba la propiedad.

Después de todo, el documento viciado que fue registrado en Guasipati en 1986, mostraba los supuestos derechos que Culver asignó a Morales, Morales a Torres y Torres a Mael.

Los estrategas de Mael fueron muy cuidadosos al ocultar la decisión que anuló la transacción del traspaso entre Torres y Mael y que puntualizaba que Mael nunca tuvo los derechos de las minas. Mael tampoco mostró el acuerdo entre la CVG, el MEM, el Estado y ellos mismos, donde reconocían que las concesiones les habían sido revocadas en 1989 y que la publicación no podría ser utilizada para ningún otro propósito. Torres y Mael también ocultaron el acto donde se comprometieron a que ellos nunca volverían a intentar alguna acción legal con respecto a Las Cristinas.

En 1996 Mael entabló un nuevo juicio contra el MEM, alegando que no había ejecutado la decisión de la corte de marzo 1991 de publicar el aviso de traspaso. Para entonces, contrató a un agente con excelentes contactos internacionales que le consiguiera un buen comprador para Mael.

El agente hizo el contacto con Crystallex a través de su subsidiaria venezolana e iniciaron serias conversaciones. Fue en octubre de 1996 cuando el Sr. Oppenheimer, Presidente de Crystallex, se reunió y negoció con los dueños de Mael. Es interesante notar que el abogado que informó al agente de ventas acerca de los documentos, que realizó las diligencias y manejó todo el aspecto legal de Mael, también tenía una relación con Crystallex y había sido asesor legal de Mael , por lo cual debía estar bien informado y consciente del trasfondo de Las Cristinas, y participando como partes en el juicio de herencia yacente que en 1991 anuló los traspasos entre Morales /Torres / Mael.

Al parecer Mr. Oppenheimer se interesó en adquirir una posible acción legal contra la CVG y, por extensión, Placer Dome por lo que se dispuso de una presentación a la junta directiva de Crystallex en diciembre de 1996. Los dueños de Mael crearon dos nuevas compañías en Aruba llamadas Stay Management y Red Glove AVV. Las acciones de Mael fueron transferidas a Stay Management, que era propiedad de Red Glove AVV. El 12 de febrero de 1997, el Sr. Oppenheimer y el Sr. Fung, ambos directores de Crystallex, llegaron a Venezuela, al parecer secretamente, en un avión privado y ultimaron los detalles con los dueños de Mael.

El 14 de febrero de 1997, los señores Oppenheimer y Fung volaron a Aruba acompañados por Manuel Zapata, presidente de Mael y Alexandrino Nogueira, representante de Glove AVV, donde completaron los trámites para la adquisición de Mael.

Los acuerdos, incluyeron las garantías, donde Mael poseía todos los derechos de las Concesiones Las Cristinas y que no existía ningún compromiso o acuerdo que pudiera afectar esos derechos.

Es curioso que los directores de Crystallex aceptaran tales declaraciones y se comprometieran con un pago de 30 millones de d ólares en efectivo en un plazo de 14 días, en un acuerdo que no iba acompañada de ninguna opinión legal específica, respecto a los supuestos derechos de Mael en Las Cristinas, sobre todo cuando Crystallex tan sólo un año antes, 1995, había experimentado la pérdida de 15 millones de d ólares con una adquisición similar en una propiedad en Santa Elena, Estado Carabobo, dónde le fueron revocados todos los derechos. Con esa transacción Crystallex había adquirido las concesiones de una cooperativa, no obstante que la Ley venezolana prohibe ese tipo de traspaso.

Crystallex se abocó a obtener la transferencia total de las Concesiones para, al final, terminar solamente con el título que había sido anulado debido a las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición y en el proceso de cesión.

Crystallex cursó una apelación a esta anulación pero nunca le hizo seguimiento, razón por la cual la Corte cerró dicho caso y se mantuvo firme la resolución que revocó el traspaso.

Crystallex había adquirido el Proyecto Albino, cercano a Las Cristinas, en 1992. De alguna manera éllos debieron estar al tanto de la situación de Las Cristinas y de los verdaderos propietarios de los títulos, al igual que lo sabían las demás empresas mineras del área.

No es razonable pensar que Crystallex no hubiera tenido conocimiento de la situación legal que rodeaba la posesión del Título de Las Cristinas, sobre todo después de que Minca ya había invertido una suma superior a los $150 millones. Placer Dome no es tan ingenuo como para invertir tal suma de dinero sin la debida certeza que la acredite como Titular.

Sin lugar a dudas, el asesor legal de Crystallex en Venezuela tenía profundo conocimiento de los antecedentes históricos. De hecho, Mael se benefició consiguiendo varios contratos de concesión con la CVG a cambio de desistir de sus esfuerzos para frustrar el desarrollo de Las Cristinas en 1991. Con maniobras legales, el mismo asesor legal involucrado en la venta de Mael a Crystallex proporcionó la información a agentes contratados por los dueños de Mael en 1993. Entonces Mael contrató a una empresa consultora con conexiones internacionales para vender los contratos de la concesión que recibieron de la CVG en 1991 como parte del acuerdo del pago entre la CVG y Mael.

Coincidencialmente era la misma empresa consultora que había hecho la presentación a los dueños de Mael y Crystallex.

El 3 de marzo de 1997, Crystallex anunció la adquisición de todos los derechos de Las Cristinas 4 y 6, y que esos derechos fueron confirmados por una decisión de la Corte Suprema venezolana. Esa fue una declaración falsa y engañosa.

Mael no tenía ningún derecho y no había ninguna confirmación de tales derechos por parte de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.

Lo que Crystallex compró por 30 millones de dólares fue una compañía sin recursos fijos y una decisión judicial donde se exhortaba al MEM a obedecer una orden judicial emitida en 1991, respecto a publicar una notificación que esencialmente no le reportaba ningún beneficio a Crystallex.

De hecho, durante la reunión anual de 1997, el Sr. Oppenheimer mostró a los accionistas de Crystallex la Gaceta Oficial, manipulando la información de manera tal, que daba la impresión que esta publicación confirmaba los derechos mineros de Crystallex, pero en realidad lo que señalaba era que el MEM acataba la Decisión Judicial referida a la obligación de proceder a la publicación de la Notificación de Asignación, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Minas. De ninguna manera podía entenderse que esto fuera la confirmación de la asignación de título. La decisión se refería a la notificación a Mael y a que el MEM no había mostrado una razón por la cual la adquisición debía ser considerada inválida. Claro está, la Corte no supo de la anulación de la asignación en 1991 y el acuerdo subsecuente entre Mael y la CVG.

El asesor legal de Crystallex, sin embargo, sabía perfectamente que los funcionarios y directores de Mael, la compañía recientemente adquirida, fueron los mismos que recibieron la resolución del MEM donde se rechazaban los títulos de concesión para Las Cristinas 4 y 6 en 1989, que participaron en la anulación de la asignación entre Morales, Torres y Mael en 1986 y firmaron en 1991 los acuerdos donde desistían de todas las acciones legales y se comprometían a no intentarlas de nuevo.

El asesor legal de Crystallex tenía pleno conocimiento de que el MEM había emitido la resolución 217, el 15 de octubre de 1996, rechazando las demandas hechas por Mael contra la CVG respecto a su derecho de administrar y desarrollar las concesiones de Las Cristinas. Esta resolución del MEM era bien conocida por Mael y Crystallex, quienes apelaron en abril de 1997, 2 meses después de que Crystallex hubiera comprado a Mael, y ésta estuviera ya bajo su propiedad.

Crystallex estaba muy mal informada respecto a sus actividades y recursos en Venezuela, lo cual condujo a una campaña basada en interpretaciones de eventos sacadas de contexto, y en la cual se ocultaron intencionalmente los hechos materiales.

La distorsión de la actual situación y la omisión de hechos que facilitaran tanto la comprensión del proceso como las decisiones tomadas en Venezuela, continuaron incluso después que la Corte Suprema dictaminara, el 11 junio de 1998, que Mael no tenía ningún basamento legal para reclamar nada respecto a Las Cristinas.

La decisión de la Corte Suprema también consideró la anulación del Juzgado Tercero, el 6 de Febrero de 199, respecto a la transacción de Morales/Torres/Mael y que posteriormente Mael y Torres firmaron un acuerdo entre CVG y Mael, en el cual Mael recibió los derechos mineros para otras propiedades de CVG, con el compromiso de no volver a sabotear el Proyecto Las Cristinas.

De haberse conocido esos hechos, los analistas hubiesen podido evaluar más concienzudamente la situación de la titularidad de Las Cristinas. Todo debió terminar allí, pero no fue así. El 7 de diciembre de 1991 Crystallex / Mael iniciaron una nueva acción legal contra la CVG y el gobierno venezolano, esta vez para solicitar la anulación de:

1. El acuerdo de CVG / MEM / MAEL del 9 de mayo de 1991, que relacionaba varias propiedades mineras desde el 28 de julio y nuevamente el 22 de julio de 1993. Las propiedades que Mael adquirió de la CVG formaron parte de un conjunto de tierras que fueron compradas por una compañía canadiense de exploración a un precio superior a los 15 millones de dólares, entre 1993 y 1995.

2. La anulación de la transacción legal entre Torres y Culver Lemon del 17 de Octubre de 1991, donde Torres confirmara que no tenía nada más que reclamar respecto a la propiedad de los títulos de la concesión de Culver Lemon. Esta acción legal todavía es activa.

El Dilema Minca / Placer Dome 1997-2001

Algunos de los arreglos contractuales entre la CVG y Minca, y que eran competencia de Placer Dome, implicaban un intenso programa de exploración en la propiedad que confirmarían la existencia de una reserva superior a los 8 millones de onzas de Oro y la probabilidad de alcanzar 20 millones de onzas para 1996. Exploraciones posteriores confirmarían los 12 millones de onzas.

En agosto de 1997, Minca recibió la licencia de explotación y los permisos necesarios, aseguró el financiamiento para el desarrollo de la Mina y comenzó la construcción.

En enero de 1998, Minca suspende la construcción debido a una nueva demanda de Crystallex / Mael contra la CVG, donde Mael pide que se anule el contrato de CVG / Minca. La incertidumbre respecto al resultado de título interrumpe el financiamiento que Minca estaba recibiendo.

Minca se limitó a desarrollar un mínimo de operaciones hasta tanto se aclarara nuevamente la situación, pero luego, cayeron los precios del oro, lo que trajo como consecuencia la paralización temporal del proyecto, ya que en tales circunstancias su desarrollo era antieconómico. El acuerdo entre las partes se refería a la suspensión de actividades del proyecto desde julio 1999 hasta julio 2001.

Parte del acuerdo de la suspensión incluía contactar un banco de inversión que aportara una solución económica para el desarrollo del proyecto bajo las condiciones del mercado que existían para entonces. Minca presentó varias opciones de desarrollo sostenido durante el primer año de suspensión, pero no pudo lograr la aprobación de la CVG para dar continuidad al proyecto.

Si la relación con la CVG había sido difícil, ésta se tornó completamente inmanejable después que el General Francisco Rangel Gómez asumió la Presidencia de la CVG. La cooperación entre Placer Dome y la corporación estatal se hizo virtualmente inexistente.

Crystallex tuvo más éxito que Minca / Placer Dome en sus convocatorias a reuniones con el Presidente de la CVG.

El banco de inversión que seleccionó la CVG en la búsqueda de una solución financiera para el desarrollo del proyecto, no pudo confirmar una reunión con la CVG para presentar sus recomendaciones. Era evidente la falta de interés para encontrar una solución factible a la crisis de Las Cristinas por parte de la CVG mientras Placer Dome tuviera algo que ver en el negocio.

Nadie en la CVG parecía comprenderlo, pero estaba en camino una gran campaña contra Minca y Placer Dome. Ante estas circunstancias, finalmente en abril del 2001, Placer Dome le ofreció la totalidad del Proyecto a la CVG para lo cual solicitó una reunión con el General Rangel Gómez para negociar la transferencia, establecer la participación en el royalty y otras consideraciones futuras. El General ofreció que estudiaría el asunto y crearía un equipo interno para evaluar la propuesta y les informaría oportunamente. Sin embargo ignoró completamente la situación y nunca devolvió las llamadas telefónicas o contestó la numerosa correspondencia enviada por Placer Dome en relación con Las Cristinas.

El 12 de julio de 2001, sin haber contestado alguna vez a Placer Dome, el General Rangel Gómez declaró a la prensa nacional en Venezuela que Las Cristinas se desarrollarían, pero sin la participación de Placer Dome o Minca. El 13 de julio de 2001 estas declaraciones fueron publicadas en la prensa nacional.

Entra Vannessa Ventures

Vannessa hizo una oferta para comprar a Placer Dome de Venezuela, celebraron varias reuniones con representantes de Placer Dome sin carácter exclusivo ya que Placer Dome tenía otras ofertas a considerar.

El 13 de julio de 2001 Vannessa cerró el trato y compró a Placer Dome de Venezuela, la compañía que posee 95% de Minca y posteriormente le cambia el nombre comercial por Vannessa de Venezuela.

Minca solicita los permisos para continuar con la construcción de la mina y convoca a reunión de directores para lograr la aprobación de la primera fase del nuevo plan de desarrollo sostenido a ser completado en agosto de 2002 y que proporcionaría aproximadamente 120.000 onzas de oro entre 2002 y 2003.

El General Rangel Gómez frustra el esfuerzo de Minca prohibiendo participar a los directores asignados por la CVG en la reunión convocada por Minca, privándola del quórum requerido por los estatutos de la sociedad para la toma de decisiones.

El 6 de agosto de 2001, el General Rangel Gómez envió una notificación donde informó a Minca respecto a un supuesto incumplimiento de contrato, y que disponía de 90 días para consignar los reportes correspondientes a los 4 últimos semestres y reiniciar la construcción, caso contrario, la CVG cancelaría el contrato, obviando el contenido del contrato minero que obliga primero al diálogo y en último caso, al arbitraje.

Minca compila nuevamente los informes y convoca a reuniones reiteradamente para la revisión y aprobación de planes, pero el General se negó a permitir la asistencia de los directores de CVG / Minca a las reuniones y rechazó cualquier posibilidad de diálogo con Minca.

Minca informa a la CVG que el contrato de Minca / CVG contiene un mecanismo para resolución de conflictos de buena fe, que les permitiría resolver cualquier disputa, ya que el arbitraje es un medio exclusivo y definido para resolver asuntos que no se hubiesen podido resolver por la vía del diálogo. El General Rangel Gómez alegó que esta provisión no era aplicable en su corporación.

El 6 de noviembre de 2001, el General Rangel Gómez advierte la terminación del contrato de CVG / Minca alegando que Minca no le entregó los informes solicitados y no comenzó la construcción, por lo cual debería devolver los activos y concesiones a la CVG el 13 de noviembre de 2001

El 7 de Noviembre 2001 Minca informó a la CVG que el contrato no podía ser resuelto sin arbitraje, alegó que los informes habían sido elaborados oportunamente, pero que la CVG que no había asistido a las reuniones donde se solicitaba su cooperación para autorizar el reinicicio de las actividades.

Minca señaló además que poseía los derechos de la concesión del campamento y los permisos para la exploración y explotación de cobre sobre las cuales CVG no tenía la debida autoridad. En cualquier caso no debía tomar las instalaciones sin una resolución y autorización del MEM, la cual es la única institución que puede dar autorización para emprender tal acción, conforme a la ley. En ese momento no existía otra vía para despojar a Minca de ese derecho.

El 16 de noviembre de 2001 el General Rangel Gómez usó la Guardia Nacional venezolana para desalojar a Minca de la propiedad y le confiscó todos los recursos a Vannessa de Venezuela y a Minca sin contar con una Orden Judicial.

El 3 de mayo de 2002, Minca introdujo acción de nulidad contra la terminación unilateral del contrato por parte de la CVG y reclamar los efectos de esta acción.

El 7 de mayo de 2002 el Presidente Chávez publica el Decreto 1757 que designa a Las Cristinas como un proyecto de interés nacional e imparte órdenes al MEM para que apoye a la CVG en el desarrollo de la Mina.

El 10 de mayo de 2002, Minca contacta al Ministro de Relaciones Exteriores para informarle respecto a esta violación de acuerdos internacionales.

El 15 de mayo de 2002, Minca introduce una acción de nulidad contra el Decreto 1757 ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, establece claramente que los proyectos de interés nacional requieren un acto de Ley y no serán designados por Decreto.

El 24 de mayo de 2002, Minca envía la documentación a Crystallex donde le informa respecto a las acciones legales y le alerta que Minca está defendiendo sus derechos sobre Las Cristinas.

El 30 de mayo de 2002 Vannessa, asistida por la Embajada de Canadá presenta una notificación formal del Arbitraje Internacional con base en los Acuerdos de Comercio Bilaterales (FIPPA)

El 18 de junio de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de Nulidad contra el Decreto Presidencial 1757.

El 19 de junio de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia admite la Acción de Nulidad contra la cancelación del contrato por la CVG del 7 de Noviembre de 2001.

El 6 de agosto de 2002 el Tribunal admite la acción legal contra los directores de Minca asignados por la CVG, por no cumplir sus deberes como Directores de Minca.

El 16 de agosto de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirma el inicio del proceso presentado por Vannessa e involucra al Ministerio de Industria y Comercio para que coopere en la resolución del conflicto.

El 6 de septiembre de 2002, la CVG anuncia la selección de Crystallex como operador de Las Cristinas.

El 19 de septiembre de 2002, Minca presenta cargos contra el General Rangel Gómez.

El 2 de octubre de 2002, Minca solicita una interpelación respecto al caso Las Cristinas.

El 9 de octubre de 2002, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional nombra una subcomisión para investigar el caso Las Cristinas.

El 14 de noviembre de 2002, Minca introduce una acción de nulidad contra el contrato CVG/Crystallex.

El 28 de Noviembre de 2002, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia solicitó que se admitiera la Acción de Nulidad contra el contrato CVG / Crystallex.

El 23 de enero de 2003, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano admite la acción legal interpuesta por Vannessa de Venezuela contra la CVG por su actuación como accionista de Minca.

El 4 de febrero de 2003, Minca introduce evidencias en la acción de nulidad contra la cancelación del Contrato por parte de la CVG.

El 11 de febrero de 2003 cierra el período de presentación de evidencias para la acción de nulidad.

El 12 de febrero de 2003, la CVG introduce una oposición a la evidencia de Minca introducida el 4 de febrero de 2003.

El 12 de febrero de 2003, Minca objeta la oposición de la CVG por haber sido introducida después de que había extinguido el plazo y estaba oficialmente cerrado y aunque parezca extraño, fue introducida durante un horario en el cual el Tribunal estaba cerrado.

El 26 de febrero de 2003, el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia, alegando que no procede el amparo solicitado por Minca porque su relación con la CVG es contractual y el contrato contiene el mecanismo idóneo para la resolución del conflicto, específicamente el arbitraje.

El 8 de marzo de 2003, los periódicos venezolanos El Nacional y 2001 publican los comentarios de la subcomisión que investiga el Caso de Las Cristinas, los cuales sugieren que la Asamblea Nacional podría atender la solicitud de Cancelación del Contrato de CVG/Crystallex.

Nota:
El Sr. Franklyn Hoet ha jugado un papel importante en el asunto de Las Cristinas y ha actuado a favor de uno y otro grupo desde finales de la década de los 80.

 

La siguiente documentación fue ubicada en:

Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil
(Antiguo Tribunal Tercero de Familia y Menores de Caracas)
Archivo N° 13.884

Este archivo contiene el procedimiento de patrimonio no reclamado, la acción de nulidad establecida por el curador del patrimonio de la Sra. Culver Lemon contra la transferencia de derechos de Las Cristinas 4 y 6, transferido de Adrianza a Torres y de Torres a Mael. El procedimiento de patrimonio no reclamado se inició el 30 de julio de 1986, el patrimonio fue declarado no reclamado oficialmente en septiembre de 1986 y la acción de nulidad se formalizó el 30 de mayo de 1989.

Este caso se cerró con la decisión expedida el 26 de febrero de 1991, que declaraba la nulidad de la transferencia de derechos y sostenía que la Sra. Culver Lemon fue siempre la única propietaria de las concesiones de oro de aluvión de Las Cristinas 4 y 6.

También estaba incluida una acción que a principios de 1989, introdujo una compañía panameña denominada Toboga Investments, quien reclamaba el pago de un préstamo de un millón de dólares ($ 1.000.000,00) que le habían hecho a la Sra. Culver Lemon. Luego Toboga asignó este crédito contra la Sra. Culver Lemon a una compañía llamada Inversora Cristina 4, 5, 6 y 7, C. A. Esta acción fue rechazada por el Tribunal.

En esta acción internacional, la compañía estuvo representada por Duque Corredor (socio de Hoet) y la Inversora Cristina estaba representada por Franklin Hoet.

Inversora Cristina 4, 5, 6 y 7, C. A, es una compañía registrada en el Municipio Roscio del Estado Bolívar. Actualmente se están solicitando detalles de esta compañía. Como parte de las alegaciones de los archivos, se sabe que el Sr. Hoet fue presidente de esa compañía el 20 de enero de 1989.

Hay otra empresa llamada Inversora Cristina que fue registrada en Caracas el 20 de enero de 1989 por la Sra. Culver Lemon, dueña del 90% de las acciones. El administrador era el Sr. Adrianza quien también era el representante legal. Es importante recordar que la Sra. Culver Lemon murió cuando la compañía fue registrada.

El capital de Inversora Cristina C.A. fue pagado con los títulos de la concesión de Las Cristinas 4 y 6 por la Sra. Culver Lemon. Las Gacetas Oficiales se anexaron como parte de los soportes en el Registro Mercantil.

De acuerdo a los hallazgos mencionados, el Sr. Hoet estaba al tanto de la situación de Las Cristinas, incluyendo la decisión que cancelaba la transferencia de derechos a Mael desde 1989.

En 1996 el Sr. Hoet, actuando por mandato de Mael, solicitó a la Corte Suprema la ejecución de la decisión de 1991, ordenando la publicación de la transferencia de derechos a Mael en la Gaceta Oficial. El Sr. Hoet conocía perfectamente la decisión de 1991 que anuló dicha transferencia que formaba parte de los soportes cuando se tomó la decisión.

Mas tarde el Sr. Hoet, actuando otra vez en nombre de Mael, introdujo una acción legal contra la resolución de la CVG y el MEM que tuvo devastadores efectos en Las Cristinas desde 1997 hasta 2003.